El nuevo ministro de Educación I.Wert ha declarado que desaparece la materia “Educación para la ciudadanía”. Los Obispos españoles están satisfechos ante tan buena noticia. Seguir adoctrinando en horario escolar a los alumnos de religión no les parece nada objetable. Son como el perro del hortelano. Desde el mismo momento de su nacimiento, la Educación para la ciudadanía, ha sido objeto de acoso y derribo. El propio TS tuvo que recordar que los padres no podíann objetar está materia. Pero las Comunidades gobernadas por el PP hicieron cruzada contra ella. Según ellos se hacía “ adoctrinamiento de izquierdas”. No lo decían así, pero querían decir que era así. Naturalmente, daban por descontado que los profesores de la ESO adoctrinarían a los alumnos en la dirección que el PSOE quería. Hablar de igualdad, de discriminación, de sexualidad, de la Constitución, etc., son cosas intolerables para la derecha. ¿Acaso saben que se dicen en las clases? La crítica a cualquier acción del anterior gobierno socialista hizo que no se atendiera si era oportuno o si los contenidos podían vulnerar aspectos del orden constitucional, como no había nada de todo esto, azuzaron a la caverna mediática con los obispos al frente para hacer campaña contra el gobierno socialista, y de paso un puntapié a la escuela laica.
Que en nuestro sistema educativo se explique la doctrina –dogma- de la Iglesia católica pagada por todos los ciudadanos y que los profesores de tales materias tienen que pasar por el visto bueno del Obispo de turno, es simplemente demencial. La cúpula eclesiástica querría los crucifijos en las clases, la clase de religión para todos –si pudieran-, y el adoctrinamiento puro y duro de su visión particular del mundo. Por eso les cuesta tanto aceptar otras opciones. Por ejemplo Educación para la Ciudadanía. Inventarán otra cosa, pero los profesores tendrán que construir, a pesar de los políticos, un marco en el que se siga hablando de lo que pasa en nuestra sociedad: desigualdad, explotación, racismo, xenofobia, intolerancia, y oponerle los valores que cualquier sociedad democrática puede y debe exigir.
Las noticias de carácter internacional no son nada halagüeñas. Siria parece deslizarse hacia una guerra civil. ¿No fue la Comunidad Internacional a Libia por lo mismo? ¿Por qué no se actúa en consonancia con lo que está ocurriendo? Los suburbios de Damasco son escenario de lucha entre las milicias de la oposición – soldados que han desertado de las filas progubernamentales- y el ejército sirio fiel a Bachard el Asad. La desproporción entre el ejército y los opositores en abrumador. El bloqueo en la ONU por parte de Rusia para sancionar a Siria es un buen ejemplo, de geoestrategia. Los buenos tiempos de la guerra fría se han olvidado, pero siempre queda algo. Siria fue el aliado fiable de la zona para los soviéticos. Proveedores de armas, no quieren dejar caer a su aliado. Israel debe estar enfurecido con la oposición. Siempre está de lado del estatus quo, por ello, siempre ve con recelo cualquier movimiento en esa región, de la cual los israelís quisieran que se inmovilizase eternamente. Pero la realidad es dinámica. Su sueño de ser la única “democracia realmente existente” en medio de un mar de radicales islamistas, permitía justificar cualquier operación de castigo dentro de los territorios ocupados como fuera de ellos si fuera preciso.
La “soberanía nacional” se hace añicos ante los dictados de los gobiernos que quieren salvar a sus bancos. Quieren gobernar –Alemania, Francia-, a pesar que no han sido elegidos por los ciudadanos griegos, en este caso. No sé si la solución es simplemente la asfixia del país para satisfacer la codicia de los mercados. Lo que suceda a los griegos también valdrá para los españoles e italianos si las cosas fueran de mal en peor.
Las elecciones americanas no dejan de tener su encanto. Su sistema es simplemente la plutocracia. O eres millonario y creyente acérrimo o estás perdido. Los republicanos son un grupo político realmente excéntrico. Al parecer nadie quiere ser gobernante en Washington, pues, para ellos, la capital es sinónimo de los peores males que se puedan imaginar. Sus recetas son simples: desmantelar toda subvención a los pobres –son demasiados-, reducir cualquier gasto federal que pueda ayudar a las clases más desfavorecidas, dejar de regular para desregular todo lo desregulable, así, el mercado triunfará y el Estado “metomentodo” será reducido a su mínima expresión.
Viendo los titulares de prensa, parece que estamos en un compas de espera. Pero ¿qué estamos esperando? La encuesta de la EPA y sus cifras estratosféricas son reflejo de lo que se ha denominado micro-miseria frente a la macro-ganancias. Cinco millones doscientas setenta y tres mil seiscientas personas (5.273.600) no tienen trabajo, es decir, el 22,85% de la población activa. Cifra record y que dado las expectativas extraordinariamente pesimistas no es descartable que en el próximo año nos acerquemos a los seis millones. Esperemos que no, en estas cuestiones deberíamos ser responsables. En la anterior legislatura el PP en la oposición se comportó de forma mezquina y rastrera. Ahora, hace llamamientos para que todos arrimen el hombro. En problema de fondo es la situación de precariedad que esta crisis nos está conduciendo a una parte importante de nuestra sociedad.
El sendero marcado por Alemania de austeridad al precio de la depauperación social es una receta que, naturalmente, Alemania no se la aplicaría a sí misma, pero que es generosa para que se la apliquen los demás. Se habla con naturalidad de contención del gasto público y a la vez de crecimiento. Cuadratura del círculo. El problema español es que tenemos una estructura económica que hace aguas. El sector agrícola que tiene una estructura desequilibrada y una altísima tasa de temporalidad debido a la estructura de la propiedad de la tierra. Una economía productiva con una dimensión pequeña e ineficiente.
Nuestro motor de la última década –la construcción- se ha volatilizado, dejando un reguero de paro poco cualificado, las entidades financieras atrapadas y las familias atrapadas a su vez en unas hipotecas que se hacen imposibles cuando te encuentras en paro. ¿Por qué el desahucio hipotecario si las hipotecas se pactan a veinte o treinta años? ¿Por qué no existen mecanismos para hacer posible que en situaciones de desempleo generalizado, las hipotecas queden congeladas? ¿Por qué no existe un fondo de emergencia para posibilitar que las familias que se queden sin empleo puedan hacer frente a esos pagos? ¿Por qué no se ha hecho nada y además la clase política defiende a las entidades financieras frente a los ciudadanos que se encuentran en apuros económicos por culpa de una crisis que no han empezado?
Por último, el otro gran sector, el turismo, se ve afectado de estacionalidad y baja cualificación. Los vaivenes geopolíticos nos hacen vulnerables. Somos un destino para millones de turistas, pero éstos, también padecen en sus propios países la crisis.
El panorama no parece muy alentador, la nula presencia del Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, se hace cada vez más evidente. Al parecer solo le da el “parte” a su “homologa” A.Merkel. Pero a ella nuestros problemas les tiene sin cuidado, excepto, si tiene consecuencias negativas para Alemania. Adiós a sus anuncios de bajadas de impuestos, “subida a los jubilados”, ahora, solo aparecen recortes y anuncios apocalípticos de sus ministros. ¿Llegarán a los 6.000.000 millones de parados?
Las declaraciones del Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, son un ataque al Estado de Derecho. Sus declaraciones dejan en entredicho “su” talante” moderado. Adiós a la moderación y bienvenido al populismo de la “extrema derecha”. Las medidas –globos sondas- son las siguientes: Copago de la justicia. Cadena perpetua “revisable”. Reforma de la Ley del aborto y el papel de los padres en el consentimiento. Revisión del Código penal y la multireincidencia.
El copago es una nueva fórmula que se extiende como una mancha de aceite. Las “repúblicas” autonómicas hacen alarde de su necesidad. ¿No bastan los impuestos para pagar esos servicios públicos? ¿Acaso no hemos pagado con los impuestos los dichos servicios? El gobierno debería decirnos que tiene que aumentar los impuestos. ¡No a los ricos, por favor!. Litigar es caro. Hay otras medidas para evitar los abusos en el plano judicial. Por ejemplo, una lista extensa de actos que deberían ser tratados por mediación y no por los órdenes jurisdiccionales. Si se impone ese “pago” extra, se limita el acceso a los ciudadanos. Sólo las empresas y aquellos que tengan recursos podrán interponer recursos. Ya existe la sanción de las costas procesales, para aquellos que la interponen de manera abusiva o sin lógica jurídica.
Cadena perpetua “revisable”. Resulta llamativo que pretendan introducir esta figura, simultáneamente cuando el terrorismo de ETA está en un perfil plano. La Constitución Española habla de “reinserción” como objetivo de la pena. Introducir esa una figura penal no parece que sea muy afortunada. Vulnera el espíritu de la Constitución, y solamente pretende congraciarse con los sectores más populistas. ¿Qué valor de política criminal puede sostener semejante aventura? La pena no es para dar satisfacción a las víctimas. Si fuese así, hace mucho tiempo que tendría que haberse implantado la pena de muerte. Afortunadamente, la Constitución de 1978, buscó otros cauces: reinserción y rehabilitación. Naturalmente, no siempre ambas se consiguen. No vivimos en un mundo perfecto. Siempre podemos tener la impresión –real- que ciertos castigos parecen poca cosa. Pero no podemos imponer un sistema meramente punitivo para dar satisfacción a los sectores más reaccionarios.
Reforma del aborto en relación al papel que han de jugar los padres y su consentimiento a la hora de practicar un aborto. El asunto es complicado, pero en situaciones de tal índole, debería haber consensos en la propia familia, si lo que se introduce, acaba siendo motivo de discordia, la reforma no cumplirá que el objetivo deseado. No se dice nada sobre la propia Ley.
La multireincidencia está pensada, no para aquellos que desde despachos de analistas financieros tratan de saquear día sí y día también las arcas públicas con sus movimientos especulativos, no; está pensada para los pequeños delincuentes. ¡Claro que molestan! Que se dediquen al hurto, que los retengan multitud de veces y vuelvan a la carga, ¿qué se hace con ellos? La “pequeña delincuencia” resulta que gracias a nuestros gobiernos se convierte en la única realidad que si pueden hacer algo. La “gran delincuencia” los gobiernos no hacen nada porque simplemente los mercados no les dejan. Así que los “pequeños delincuentes” bandas más o menos organizadas, por clanes, parentesco, grupos étnicos, se dedican cada uno en su “espacio” a dar “sablazos”. No hace gracia que te roben, ni que te asalten, ni que se lleven lo que tanto ha costado comprar. Cambiar las normas es fácil, lo difícil es que se va hacer con ellos. Hay medidas legales para paliar esta delincuencia. No recuerdo en que película aparece un diálogo en que un delincuente de dice a otro: “¿Crees que si tuviera dinero me dedicaría a esto?”. Supongo que los extremos se tocan, esos que están en las grandes ligas de la especulación deben pensar lo mismo, la diferencia es “si tuviera dinero”, unos ya lo tienen, pero quieren más, mucho más, mientras los otros, seguramente, se conformarían con muchísimo menos.
La semana nos ha dejado en la retina imágenes dignas de vodevil. Garzón y Camps. Política y jueces en los banquillos de los acusados. Unos acusados de prevaricación en el Código penal, el otro de cohecho impropio. El juicio de Baltasar Garzón se debe a las acusaciones de los abogados de la “trama Gürtel” por escuchas ilegales en la prisión entre abogados y encausados por la trama. El asunto es complejo y delicado. La prevaricación supone que las resoluciones o sentencias sean injustas “a sabiendas” . Es decir, tiene que existir “dolo”. La jurisprudencia indica que para que lo sea requiere plena conciencia de plena ilegalidad o arbitrariedad (STS 20-12-72). Todo la cuestión se suscita por la interpretación del artículo 51.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, que dice lo siguiente:
"2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo."
Toda la cuestión ha sido como interpretar “ (...) salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. ¿Qué quiere decir la expresión: “y” que separa dos enunciados? Es posible interpretar que existen dos esferas que pueden darse esas interceptación de las comunicaciones, las que determine la autoridad judicial y los supuestos de terrorismo. Si esa fuese la interpretación, entonces la decisión de Garzón se ajustaría a derecho. La STC 183/1994:
"4. Esta diferenciación esencial que existe entre el art. 51.5 -régimen general cuya única remisión válida es al art. 51.1- y el art. 51.2 pone de manifiesto la imposibilidad constitucional de interpretar este último precepto en el sentido de considerar alternativas las dos condiciones de «orden de la autoridad judicial» y «supuestos de terrorismo», que en el mismo se contienen, así como derivar de ello la legitimidad constitucional de una intervención administrativa que es totalmente incompatible con el más intenso grado de protección que la norma legal confiere al derecho de defensa en los procesos penales. Dichas condiciones habilitantes deben, por el contrario, considerarse acumulativas y, en su consecuencia, llegarse a la conclusión que el art. 51.2 de la L.O.G.P. autoriza únicamente a la autoridad judicial para suspender o intervenir, de manera motivada y proporcionada, las comunicaciones del interno con su Abogado sin que autorice en ningún caso a la Administración Penitenciaria para interferir esas comunicaciones [F.J.5]."
El propio TS expresa esta idea:
En la STS (2.ª) de 23-04-1997 (RJ 1997, 3259), también se recoge la necesidad de operar una interpretación acumulativa y no alternativa, argumentando que, basándose en la significación que, a todos los niveles, tiene el fenómeno terrorista, es por lo que, excepcionalmente y sin que dicha excepción pueda contagiarse al resto del sistema, en el ámbito personal exclusivo de los supuestos de terrorismo, y en todo caso con la especial garantía de la orden judicial previa, naturalmente ponderadora de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida en cada caso concreto, el art. 51.2 LOGP faculta para la intervención de este tipo de comunicaciones singulares (Eugenio Arribas López, SOBRE LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE LOS INTERNOS Y SUS ABOGADOS EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO, Actualidad Jurídica Aranzadi, Nº 788 - 17 de diciembre de 2009).
En sus conclusiones, Eugenio Arribas llega a la siguiente conclusión: “nuestra opinión es favorable a entender que la autoridad judicial pueda acordar, no sólo en los supuestos de terrorismo, la suspensión e intervención de las comunicaciones entre el interno y su abogado. Sin perjuicio de lo indicado, dada la evidente gravedad de la medida, el órgano jurisdiccional competente debe ponderar adecuadamente los bienes jurídicos e intereses en conflicto, debiendo limitarse a aquellos supuestos en los que existan evidencias, suficientemente contrastadas, de que el contenido de las conversaciones va a tener una relevancia tal en interés de la justicia que justifica la limitación del secreto profesional y, por ende, de los derechos que le sirven de soporte” (idem).
La cuestión es si Garzón se extralimitó por entender que el artículo 51.2, a pesar de la TC y TS que iban en otra dirección, es decir, que debían ser “acumulables”, o sea, intervención judicial y terrorismo, o la interpretaba de modo más amplio e interpretando dicho artículo como “alternativos”. Además se han dado actuaciones judiciales del mismo tenor en el ámbito jurisdiccional de Sevilla y Madrid, sin que de momento se haya procedido contra los jueces.De todo lo dicho, resulta que el asunto es discutible. ¿Garzón actúo “a sabiendas” que lo que hacía era delito? Esa respuesta es la que deberá dilucidar el TS. Veremos a dónde se llega.
En el plano internacional Afganistán sigue siendo un pozo sin fondo. La muerte de soldados franceses a manos de un militar afgano lleva al gobierno francés a plantearse su retirada de dicho país. EE.UU “explora” conversaciones con los talibanes, en un ejercicio de “realpolitik”. Visto que no hay victoria militar posible, la solución es mantener un equilibrio en ese escenario imposible que es Afganistán. Las reservas en minerales estratégicos bien vale hablar con el enemigo. Muerto Bin Laden, deben pensar la Administración Obama es posible llegar a un acuerdo que mantenga el statu quo. Otro foco es Irán. Israel debe estar valorando un ataque preventivo contra Irán y sus centrales nucleares. No sé si Irán tiene “armas de destrucción masiva”. Irak no las tenía y ya hemos visto adónde han llegado. Es seguro que si Irán las tuviesen se hubiera formado una coalición contra ella. Pero aún así, la propia dinámica interna de Irán les debe impulsar para hacer alardes de fuerza como medio para apaciguar aquellos que querrían una intervención inmediata, léase Israel.
Mientras en EE.UU sigue la carrera electoral de los republicanos, con la reaparición de Newt Gingrich expresidente de la Cámara de Representantes, comiendo terreno al favorito Mitt Romney. Los Republicanos sueñan con una Administración mínima. Llama la atención esa contradicción entre el sueño por el poder político y a la vez su “alergia” por todo que supone el gobierno federal. Por su parte la Administración Obama se ha apuntado “un triunfo” al cerrar la página de descargas Megaupload cuando en la Cámara de representantes se han retirado las dos propuestas legales sobre piratería en la red y ley de propiedad intelectual Protect Intellectual Property Act, conocida como PIPA, programada para el martes 24 de febrero. El principal promotor del otro proyecto de ley que centra este debate, la Stop Online Piracy Act, (SOPA, por sus siglas en inglés) también se retira en espera de mayor consenso, que es lo que se dice ahora.
El culebrón italiano de “Costa Concordia” sigue a toda vela. Aún resuenan los videos caseros en los que después del accidente se daban explicaciones tranquilizadoras en las que todos deberían irse a sus camarotes. Mientras su capitán Schettino se había ido a tierra y es interpelado para que vuelva al barco en una grabación que ya es universalmente conocida. Ahora resulta que estuvo con una pasajera que no tenía camarote y si pasaje. Una bonita comedia de enredo si no fuese por las muertes y desaparecidos que ha costado este lamentable suceso que tendrá consecuencias negativas en el turismo de cruceros de los que tanta gente vive a su alrededor, España incluida.
Más allá de S&P, no confundir con Soler & Palau, Cataluña deriva hacia un reino de microscópicas diferencias entre sus diferentes sectores de la función pública. Nada de unidad y si multiplicación de colectivos de agraviados. Que los “Mossos d’Esquadra” canten “Qué viva España! tiene su gracia. Pues, ¿dónde creen que viven? Por su lado, los funcionarios de prisiones también protestan por lo suyo. Cada colectivo asume su propia defensa en un ejercicio de insolidaridad con los restantes colectivos de funcionarios. La ciudadanía que no es funcionario, debe ver con asombro el espectáculo de unos trabajadores que tienen –por ahora- asegurado su futuro laboral, mientras que en el ámbito privado las cosas van de mal en peor, a pesar de lo que diga el gobierno y su portavoz.
Recortes y ajustes a los sectores más fácilmente controlables, pues, las rentas del trabajo son inspeccionadas a través del IRPF. Mientras que en otros sectores, especialmente en servicios, la opacidad es más fácil, mientras que las tributaciones en el sector financiero son el paraíso para los más ricos. Nada nuevo que no se supiera anteriormente, lo que pasa ahora es simplemente que todo recaen sobre los de siempre. Decía Daniel Innerarity en “Ética de la hospitalidad” que para forjar esa “ética de la hospitalidad” que suponga la “inclusión social” es necesario reivindicar el trabajo como concepto central. El trabajo permite reafirmar la autonomía personal y la integración social. La política debería forjar vínculos sociales para fortalecer esa dimensión solidaria.
El problema de esa dimensión solidaria, requiere explicitar las diferencias entre los individuos y de ahí la necesidad de configurar un nuevo “contrato social”. Frente al “velo de la ignorancia” (J.Rawls) aparece la idea de reivindicar la diferencia aceptando la desigualdad.
¿Pero, cómo aceptar esa desigualdad si quien se beneficia exclusivamente son aquellos que están en condiciones de imponer las reglas de juego que siempre les beneficia? Si la solidaridad mecánica se ha puesto en cuestión, es necesaria volver a reivindicarla, sin embargo, los Estados no tienen al parecer voluntad efectiva para llevarla a cabo. Así que sólo queda la ciudadanía. Pero está demasiada atemorizada y atomizada para plasmar algo tangible. Los partidos de izquierda no saben a dónde van. Están superados por mecanismos impersonales como los mercados que a escala global hacen y deshacen siempre en beneficio propio y en perjuicio de los demás. El espectáculo de reivindicaciones sectoriales da juego a los periódicos para llenar espacio, pero no parecen que sea efectivo, pues, la ciudadanía acaba votando a los mismos partidos que son responsables de los recortes. ¿Qué hacer?
