Del cielo te caen los clavos...

Sembla que la STS serà demà o demà passat. En tot cas, aquesta setmana. Hi ha entrecreuaments de paraules entre el govern de la Generalitat i el Govern central. Sembla que vindran uns centenars de PN, per demostrar qui manà ací. No sé que si imaginen. El TS ho tenia fàcil, per sortir-se del atzucac que el govern de Rajoy en havia ficat. Però tot sembla que la Sentència serà més política que jurídica. Tenint en compta el precedents, tot està dat i beneit. Què farem la ciutadania? La lògica diu que el govern de la Generalitat, deuria de convocar eleccions. Això seria la jugada més intel•ligent, però ara mateix governa les emocions i un soterrada guerra entre Junts per Catalunya i ERC. Els primers seguint el “consells” de Carles Puigdemont, que no vol fer eleccions i ERC que si vol fer-les. Unes eleccions donaria sortida -  Albert O. Hirschman- el rebuig de la Sentència per una part de la ciutadania. No fer això i demanar anar a les barricades, sembla fora de tota mida. Potser aniria la CUP, però no és obligatori, al contrari, donaria raons –com si els fes falta- per justificar qualsevol mesura coercitiva contra les institucions catalanes, a més de les personals.

[Parece que la STS será mañana o pasado mañana. En todo caso, esta semana. Hay entrecruzamientos de palabras entre el gobierno de la Generalitat y el Gobierno central. Parece que vendrán unos cientos de PN, para demostrar quién manda aquí. No sé que se imaginan. El TS lo tenía fácil, para salir del callejón sin salida que el gobierno de Rajoy se había metido. Pero todo parece que la Sentencia será más política que jurídica. Teniendo en cuenta los precedentes, todo está atado y bien atado. ¿Qué haremos la ciudadanía? La lógica dice que el gobierno de la Generalitat, debería convocar elecciones. Eso sería la jugada más inteligente, pero ahora mismo gobierna las emociones y un soterrada guerra entre Junts per Cataluña y ERC. Los primeros siguiendo los "consejos" de Carles Puigdemont, que no quiere hacer elecciones y ERC que si quiere hacerlas. Unas elecciones daría salida - Albert O. Hirschman- al rechazo de la Sentencia de una parte de la ciudadanía. No hacer esto y pedir ir a las barricadas, parece fuera de toda medida. Quizás iría la CUP, pero no es obligatorio, al contrario, daría razones -como si les hiciera falta- para justificar cualquier medida coercitiva contra las instituciones catalanas, amén de las personales.]

Elecciones bajo el síndrome de Estocolmo

Catalanofobia

¡Todos a la cárcel! (los independentistas)

La semana acaba con el Govern de la Generalitat o bien en la cárcel (7) –provisional- o bien el un exilio forzado (4). Son los desastres del art.155. Por supuesto, este final no era necesariamente forzoso. Pero el Gobierno Central, quiere demostrar quién manda aquí. La derrota y humillación del gobierno de la Generalitat, es exponente de la antipolítica.

¡Nadie está por encima de la ley! Declaman los defensores del orden constitucional. Se olvidan de indicar, que ellos mismos han puesto las leyes que permitían enviar a prisión a los Consellers. La autoprofecía se cumple. La pedagogía del miedo, alienta  a una oposición en Cataluña, que ahora mismo, se sitúa en la dialéctica de amigo-enemigo. Oír hablar a la Sra. Arrimadas, sin un atisbo de empatía a los ahora encarcelados, nos habla más de ella, que cualquier discurso enlatado de los que pronuncia.

El estado de derecho, se resiente con actuaciones como los de la AN. Una instancia que se mantiene a pesar que el origen de ella, ya no existe. La Juez-instructora, da por buenos todos los argumentos de la fiscalía. Y esos argumentos, no son jurídicos, sino políticos. Una causa general al independentismo. Conclusión, siete Consellers, a prisión sin fianza, debido a su peligrosidad (política).

Sólo el exconseller Santi Vila, ha podido eludir la prisión provisional, mediante la fianza correspondiente. Se nos dice, que esta prisión provisional, ha sido dictada por culpa del President Puigdemont que se encuentra en Bruselas  junto con otros Consellers. Esta lógica es la propia de los maltratadores. Culpan a la víctima de lo que les pasa. El Estado está castigando el desafío soberanista. No les importa que más de dos millones de personas se sientan interpelados por las humillaciones de sus representantes políticos.

Con la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre (jueves), tal vez esperaban que las fuerzas soberanistas no se presentarán, pero parece que si se van a presentar. La demoscopia augura una nueva victoria de las fuerzas independentistas. ¡Qué esperaban! ¿Cómo puede mantenerse el art.155, en plena campaña electoral? ¡Se quiere normalizar la excepcionalidad!

DUI

La DUI ha llegado. El Parlament de Catalunya ha declarado laIndependencia. El gobierno central, tiene la luz verde del Senado para aplicar el art.155.  La ruptura se ha consumado. El día de ayer (jueves), hubo momentos que podía restaurarse cierto orden constitucional. Naturalmente, todas las partes culpan del fracaso al otro. Mariano Rajoy tendrá el dudoso honor de ser el Presidente que bajo su mandato, se declaró la Independencia de Cataluña. No importa si dura unas horas. El hecho simbólico se ha realizado.

Su prepotencia, y su activismo anticatalanista, hemos de recodar como animaba para recoger firmas contra el Estatut –“porque me da la gana”- que se había acordado en el Congreso de los Diputados y posteriormente ratificado en Referéndum. De aquellas conductas y actitudes irresponsables, nos encontramos ahora, sumidos en una situación descentrada. Un Estado que ha trabajado para el independentismo.

Con la experiencia de gobierno que ha despreciado a una parte importante de la sociedad catalana, los que salían el 11-S, a los que se les ninguneaba, ahora nos encontrábamos en esta situación. Tengo la convicción, que el gobierno central no ha querido parar esta situación. Ha preferido la proclamación de la República catalana, a cambio de deshacer cuarenta años de autonomismo.

Esta opción será su legado. Triste legado. Vivimos tiempos confusos. El President de la Generalitat, estuvo ayer, en una situación insostenible. Las promesas que había recibido, a través de intermediarios, no acabaron de concretarse. El gobierno del PP, está convencido que podrá arrasar Cataluña. 

El impulso que ha dado para que empresas catalanas puedan trasladar su sede social fuera de Cataluña es un buen ejemplo. Ahora, nos toca comprobar cómo se plasmará el art.155. La DIU es ilegal, desde el ordenamiento de la Constitución. El gobierno se aferra como un clavo ardiendo a lo jurídico, despreciando el ámbito político. Lo dijo Mariano Rajoy con una claridad que no es precisamente su fuerte: “Ni quiero ni puedo”. Las leyes sirven para resolver problemas, no para perpetuarlos. Si en una tarde PSOE y PP pudieron cambiar la Constitución, con el artículo 135, por orden de la UE, bien habrían podido explorar nuevas posibilidades.

Restaurar la legalidad, la entienden los partidos constitucionalistas, como si se tratara de una barricada, pretenden encausar al gobierno de Cataluña, y todas las instancias institucionales. La imagen del gobierno de la Generalitat entrando en dependencia penitenciarias será una foto para la historia. La política se convierte en una dinámica de amigo-enemigo. Es decir, la antipolítica.

El gobierno central, ha puesto fecha, el 21 de diciembre, para unos nuevos comicios. EL gobierno catalán y Parlament, suspendidos en funciones. ¿Es constitucional? El artículo de Albert Branchadell, en el Ara.cat (27-10-17), plantea esta cuestión.  A los partidos independentistas se les abre un nuevo frente, ¿querrán participar en las elecciones autonómicas?. La respuesta debería ser que sí. Veremos con se aplica en la práctica el art.155.

Cuenta atras ...

Cuenta atrás.....

La ley no es igual para todos

Propaganda del gobierno central: Obras virtuales

La independencia Fla(gelada)

Semana corrupta

La realidad cotidiana se despliega sin conexión aparente con la realidad política. El PP sigue encharcado en casos de corrupción. Antiguos dioses del PP de Madrid están imputados y encarcelados provisionalmente por presuntos delitos de índole mercantil. Ética y política se han desconectado en la vida de cientos de cargos públicos.

En Cataluña, se sigue apostando por el 9N. Ahora el gobierno central, después de hacer broma, se lo toma en serio y llama al Consejo de Estado para derivarlo al TC. O el gobierno no acaba de ver claro lo que sucede en Cataluña, o bien asistimos a un ejercicio de despropósitos descomunal.

Mientras las encuestas vaticinan –últimamente no acaban de acertar- descalabros para los partidos mayoritarios en beneficios de nuevos opciones como Podemos. Los expertos nos avisan que los ciudadanos cabreados, sean del PP y del PSOE acabarán votando a estas nuevas opciones. La verdad me sorprende esa facilidad de trasvase de voto. No me creo que un 30% de votantes que eligió al PP en las últimas elecciones, se vaya ahora a Podemos. La fidelidad de los votantes del PP es casi religiosa, y en el PP lo saben. En cambio, el PSOE si tiene motivos para estar preocupados. Después de los aparentes cambios cosméticos, una nueva cara, el mensaje que ofrece el PSOE es irrelevante. Les falta credibilidad.

La realidad cotidiana nos dice que las familias españolas se empobrecen, que la diferencia entre ricos y pobres se agudiza, y que el panorama, lejos de mejorar parece ir a más, a pesar de los mensajes triunfalistas del gobierno. El gobierno confunde interesadamente los datos macroeconómicos, que sólo benefician a los grandes, y los datos microeconómicos, que dejan a la intemperie a una buena parte de la sociedad. Es esta parte de la población que irá a buscar opciones que le digan lo que quiere oír. Las opciones demagógicas tienen un terreno fértil y abonado, gracias a la corrupción y a una clase política que se autoperpetúa en nombre del bien común.

55%

El 55% de los catalanes votaría a favor de la independencia. (La Vanguardia, 20-6-2013). El CEO, entidad que según el gobierno central debería disolverse, ha entregado una encuesta sobre intención de voto.  El gobierno del PP reclama a los demás lo que él no tiene intención de hacer. Pide alegremente que las CCAA reduzcan sus servicios y prestaciones en nombre de la austeridad, mientras que desde el gobierno no hacen nada semejante. Además anuncian que las recomendaciones se tendrán en cuenta a la hora de los déficits de las CCAA.

Rafael Ribó es el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), en unas recientes declaraciones, hablaba de la extrañeza de esas medidas que van contra el sentir de las instituciones internacionales que señala la importancia de la cercanía en las relaciones entre la Administración -¡cuándo el gobierno del PP se dará cuenta que la Generalitat también es Administración!-, y sus ciudadanos. Expuso el coste real que supone la institución del Síndic, cuya ratio es muchísimo más barata que el Defensor del Pueblo.  Ello a pesar, de los datos que según Ribó no entendía de donde habían calculado las cifras, muy superiores, a las por él defendidas. Mostro desconcierto porque una medida de tal calibre no fuese puesta en conocimiento de los distintos Defensores de las CCAA.

 

http://bcove.me/lxifacu0

 

El ejemplo del ninguneo a las CCAA, léase Cataluña –y a las demás que se toman en serio su papel-, hace posible lo que dice el sondeo del CEO. El 55% de los ciudadanos de Cataluña votarían por la independencia. Cada vez que el gobierno central se descuelga con alguna nueva ocurrencia, la cifra de independentistas aumenta. Al gobierno central con mayoría absoluta –antes se habla de rodillo; ahora, debería hablarse de apisonadora- debe importarle un bledo lo que pasa en Cataluña. Sin embargo, se equivoca. La técnica del avestruz de Rajoy no hará bajar ese %. ¿Cómo debería encararlo? No se puede lanzar la Constitución como arma arrojadiza. Cuando hay voluntad política se podría buscar soluciones que encajen en ella. Herrero de Miñón, padre de la Constitución lo ve posible. Seguramente, el nuevo TC no lo verá tan claro. No es hora de que hable el TC, sino los gobierno central y catalán. Pero mucho me temo que la cifra del % seguirá aumentando, mientras que Rajoy deje pasar el tiempo. Los problemas tienen solución, pero para ello se requiere voluntad política. Cataluña empieza a pensar en serio que salir de España puede beneficiarle, mientras que el gobierno de España hace oídos sordos. Un 65% de la población sería suficiente para adquirir legitimidad delante de la Comunidad internacional, ¿ a eso espera Rajoy?

Estampas navideñas