El
55% de los catalanes votaría a favor de la independencia. (La Vanguardia, 20-6-2013).
El CEO, entidad que según el gobierno central debería disolverse, ha entregado
una encuesta sobre intención de voto. El
gobierno del PP reclama a los demás lo que él no tiene intención de hacer. Pide
alegremente que las CCAA reduzcan sus servicios y prestaciones en nombre de la
austeridad, mientras que desde el gobierno no hacen nada semejante. Además
anuncian que las recomendaciones se tendrán en cuenta a la hora de los déficits
de las CCAA.
Rafael
Ribó es el Síndic de Greuges
(Defensor del Pueblo), en unas recientes declaraciones, hablaba de la extrañeza
de esas medidas que van contra el sentir de las instituciones internacionales
que señala la importancia de la cercanía en las relaciones entre la
Administración -¡cuándo el gobierno del PP se dará cuenta que la Generalitat
también es Administración!-, y sus ciudadanos. Expuso el coste real que supone
la institución del Síndic, cuya ratio es muchísimo más barata que el Defensor
del Pueblo. Ello a pesar, de los datos
que según Ribó no entendía de donde habían calculado las cifras, muy
superiores, a las por él defendidas. Mostro desconcierto porque una medida de
tal calibre no fuese puesta en conocimiento de los distintos Defensores de las
CCAA.
El
ejemplo del ninguneo a las CCAA, léase Cataluña –y a las demás que se toman en
serio su papel-, hace posible lo que dice el sondeo del CEO. El 55% de los
ciudadanos de Cataluña votarían por la independencia. Cada vez que el gobierno
central se descuelga con alguna nueva ocurrencia, la cifra de independentistas
aumenta. Al gobierno central con mayoría absoluta –antes se habla de rodillo;
ahora, debería hablarse de apisonadora- debe importarle un bledo lo que pasa en
Cataluña. Sin embargo, se equivoca. La técnica del avestruz de Rajoy no hará bajar
ese %. ¿Cómo debería encararlo? No se puede lanzar la Constitución como arma
arrojadiza. Cuando hay voluntad política se podría buscar soluciones que
encajen en ella. Herrero de Miñón, padre de la Constitución lo ve posible.
Seguramente, el nuevo TC no lo verá tan claro. No es hora de que hable el TC,
sino los gobierno central y catalán. Pero mucho me temo que la cifra del %
seguirá aumentando, mientras que Rajoy deje pasar el tiempo. Los problemas
tienen solución, pero para ello se requiere voluntad política. Cataluña empieza
a pensar en serio que salir de España puede beneficiarle, mientras que el
gobierno de España hace oídos sordos. Un 65% de la población sería suficiente
para adquirir legitimidad delante de la Comunidad internacional, ¿ a eso espera
Rajoy?
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