La crisis de Estado está servida. La aplicación del 155 que
se hará hoy publica después de un Consejo de Ministros extraordinario, abre un
nuevo escenario en la vida política. Que el artículo se aplique a Cataluña es
una sorpresa. Durante los terribles años en el que el terrorismo asoló el País
Vasco, y al resto de España, nunca se llegó a plantear seriamente dicha aplicación.
Sin embargo, lo que sucede e n Cataluña, reviste una
gravedad extrema. No ha habido atentados, ni asesinatos, lo que ha habido, es
una conciencia que el Estado ningunea a la sociedad catalana y a sus
instituciones.
Choque de legitimidades. En vez de encauzar el asunto por la
vía política, siempre imperfecta, se ha preferido, por parte del gobierno
central, ir por la vía jurídico-penal. Que el PP, líder en casos de corrupción,
utilice la vía jurídico-penal, nos indica hasta qué grado de control tiene
sobre los órganos jurisdiccionales. Empezando por el Presidente del TS y del
TC. Amén, claro está, del peor Fiscal General del Estado.
Con la aplicación del 155, se habrá acabado el Estado de las
Autonomías. El “café para todos” ha servido para distribuir el poder
territorial en manos de los dos grandes partidos hegemónicos: PP y PSOE. Se
pasó de tres Autonomías a diecisiete. ¡Madrid incluida! La crisis económica, ha puesto de manifiesto
el grado de corrupción y sobre todo de ineficacia del sistema. Durante estos
años los partidos nacionalistas, han servido para apuntalar tanto al PP como al
PSOE. A cambio, se dejaba hacer. “El peix al cova” sirvió a Jordi Pujol, para
gestionar Cataluña. Desde Madrid se veía como un mal menor, que se prescindía
cuando había mayoría absoluta.
Desde la STC sobre el Estatut de Cataluña (2010), las cosas
empezaron a cambiar de forma acelerada. Las manifestaciones masivas y pacíficas
del 11-S en Cataluña, donde millones de personas se han ido manifestando, a
favor de mayor autogobierno, siendo como respuesta el silencio o el menosprecio
desde el gobierno, han dado impulso al independentismo.
Desde que el ex President de la Generalitat José Montilla
hablará de la “desafección
de la sociedad catalana” (nov,2007) hasta la declaración y suspensión de la
Independencia (10 nov, 2017). Ahora se abre una “dimensión desconocida”. Rajoy,
un pésimo político, parco en palabras y sobre todo en política, prefiere que
sean otros quienes se encarguen del asunto catalán, a saber, el Rey, los
fiscales, los jueces y la policía.
La prisión de los dirigentes del ANC y Òmnium Cultural, resulta
sorprendente, porque este gobierno, quiere seguir con la lógica de la guerra
contra ETA. No pueden perdonar que ambas entidades sean las que han canalizado
la movilización catalana desde el 2010. El engendro jurídico-penal, del delito
de sedición nos lleva a la década de finales de los 70. ¡Menudo progreso!
Adiós a la Autonomía. Según el PP y la coral “unionista”, su
aplicación servirá para garantizar el propio Estatut (2006). ¡El mundo al
revés! El PP que impugno el Estatut que fue refrendado por la ciudadanía, y
después rebajado por el TC (2010), quiere ser ahora el paladín de la autonomía
catalana. Rechaza la sola idea de la independencia.
En derecho se puede hacer todo. La letra de la ley es lo que
vale. El espíritu se lo dejan a Montesquieu. M.Rajoy prefiere a C.Schmitt -no debe saber quién diablos es-. La excepción como normalidad. Por
eso la aplicación del 155 es el resultado lógico de esta manera de hacer.
¿Pretenderá ilegalizar a todos los partidos que aspiren a la independencia?
Vivimos momentos de agresión y regresión. Unos barcos anclados en Barcelona lo
reflejan con claridad meridiana. La Generalitat también está atrapada por su propia
dinámica. ¿Es mejor la DIU, o un repliegue táctico, es decir, convocar elecciones
autonómicas? Al Estado ya le va bien la
opción de la DIU, porque de esta manera podrá cargarse de razones para aplicar
el 155.
Veremos cómo se concreta el 155. Hasta la semana que viene
no podrá ponerse en práctica. Requiere la aprobación del Senado, que con
mayoría absoluta del PP, solo será un mero trámite y un ejercicio de propaganda
de las bondades del marco constitucional. La unidad de España es prioritaria
sobre cualquier otra consideración. Donde se dice Unidad de España, hay que
entenderlo en clave de poder y dominación. No se permite que nadie salga del
redil.