“Se ha procedido a una
profunda reforma del Sistema de Atención a la Dependencia, en julio de 2012, para racionalizar y modernizar los servicios prestados, garantizando su
sostenibilidad. Se modificó y
simplificó el proceso para valorar las situaciones de dependencia y los
servicios prestados, se revisó la retroactividad en el pago de las prestaciones
económicas, se potenció la colaboración público privada, se demoró la
incorporación al sistema de las personas beneficiarias con menor grado de
dependencia y se racionalizaron las altas en la seguridad social de los
cuidadores no profesionales, entre otros (CSR 1.4.31, 1.4.32 y CSR 1.4.33).
Con la aplicación de estas medidas el gasto se ha reducido en 599 millones
de euros en 2012, estimándose una reducción adicional de 1.108 millones en 2013
y de 571 millones de euros adicionales en 2014.” (Programa Nacional de Reformas de España
2013)
A pesar de la retórica del texto gubernamental citado más arriba, lo cierto
es que los 1108 millones de € de reducción a la Ley de Dependencia, supone una auténtica
declaración de intenciones del gobierno del PP. Máxima deferencia con los
poderosos y mano de hierro contra los ciudadanos más desfavorecidos. Sólo así
se explica la desigualdad entre Bankia (el banco de los amiguetes del PP) y la
Ley de la Dependencia (Ley del anterior gobierno del PSOE).
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