Las vacaciones llegan a su fin. Verano, playa, montaña, viajes. Sin embargo, este verano también ha servido para pensar en los que están en prisión por defender el mandato popular. Mientras que en España se ven delitos monstruosos, en Europa, no los ven.
El Magistrado del TS, Llarena, retira una euroorden, y desatiende la posibilidad de extradición por el delito de malversación. Ante esa posibilidad, dejar sin efecto sus propios mandatos, no deja de ser un despropósito colosal. ¿No es prevaricación?
Tresicientos días en Madrid, y ahora en Cataluña. La Generalitat tiene competencia en prisiones. Así como Urdangarin, tiene un módulo en exclusiva, los presos políticos catalanes, economizando recursos, están con el resto de reclusos en los módulos de preventivos.
Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Joirdi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Carme Forcadell, siguen en prisión, por unos hechos que en Alemania, Bélgica, Escocia no son delito. Amén, que han pasdo todo este tiempo en un infierno jurídico por obra y arte de una interpretación interesada del gobierno del PP por obra del Fiscal General, José Manuel Maza, hoy fallecido, y que debe estar ardiendo en el infierno.
Este otoño tendrá que juzgarse unos hechos que son invención de la guardia civil, pero que son considerados como hechos irrefutables. Subirse a un coche de la guardia civil, para que los manifestantes se fueran a sus casas, es el delito de los responsables de la ANC y Omnium Cutural.
Los restantes procesados son todos ellos consellers, excepto la Presidenta del Parlament, y por tanto, fueron nombrados por Carles Puigdemont, que no será juzgado. En el presente jucio el TS tendrá la oportunidad de remachar la unidad de la patria, al precio de desencajar el estado de derecho, o bien, poner las cosas en su sitio. Hubo desobediencia, pero eso sólo está castigado con inhabilitación. Los delitos de rebelión, no existieron, excepto en la mente del Magistrado Llarena, y los auxiliares del Aranzadi que querrían llevar a todos los independentistas a prisión. El propio Pedro Sánchez, habló de la necesidad de actualizar –sólo para los independentistas- las figuras de rebelión, lo que implícitamente supone que en la actualidad, las figuras del CP no se ajustan a los hechos.
En el limbo de la muerte política y civil, están todos los exiliados forzosos. Es decir, Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsati, Anna Gabriel y Marta Rovira. ¿Podrán votar desde el exterior? No están condenados, es más, pueden moverse por Europa sin restricciones, gracias al Magistrado Llarena. Es verdad, no pueden volver a España, porque inmediatamente tendrían que pasar por el calvario que están pasando sus compañeros. ¿En estas condiciones quien iba a volver?
¿Qué hará la sociedad catalana, ese 48% de la población que vota independentismo, si la sentencia es condenatoria por los delitos de rebelión? Se habla de independencia de la Justicia, pero desgraciadamente, en esta instrucción lo que hay es una desviación sistemática, por cuestiones de orden políticos sobre los jurídicos. ¿Tendrán alguna repercusión los autos de Alemania, Bégica y Escocia? El gobierno de Mariano Rajoy externalizo el conflicto político al ámbito jurídico. Ahora, el gobierno socialista tendrá que lidiar con una situación, que ellos mismos ayudaron a empeorar, mediante la aplicación del artículo 155 de la CE.
La incertidumbre del resultado, debe de llenar de zozobra a los encarcelados, a sus familias y a una buena parte de la sociedad catalana. La Justicia española ha pedido al gobierno amparo, cuando se supone que hay división de poderes. Pero, la Unidad de España, está por encima de todo, incluso del régimen democrático. Un verano torrido, y unos presos políticos que esperan que se resuelva este desaguisado judicial. Habrá que estar atentos.
