dimecres, 28 de març del 2018

El conflicto catalán según Enrique Gomáriz Moraga (I)


Quisiera  comentar el artículo de Enrique Gomáriz Moraga, aparecido en la revista Claves de razón práctica nº257, de  marzo/abril 2018, titulado "La crisis catalana como déficit de ciudadanía democrática (pág.58-67)

El texto se presenta como un estudio desapasionado, pues, el articulista, "reside en América latina", y trata de comprender lo que está sucediendo en el conflicto España vs Cataluña. El resultado no es neutro.

El objeto del análisis se centra en el papel de la "cultura política o el comportamiento de la ciudadanía". Da  por supuesto que existe un desgarro en la convivencia catalana. Esa convivencia según nuestro articulista se fundamentaba en la Constitución.

Los partidos políticos que aspiran a la independencia o "secesionistas" como él los califica habrían impugnado  ese consenso que se fundaba en la Constitución. Así, por ejemplo, se trocearía la soberanía del pueblo español, en beneficio de la ciudadanía catalana.

Gomáriz se pregunta por qué " la ciudadanía del resto de España no ha expresado y defendido directamente su derecho a decidir conjuntamente sobre los asuntos claves del sistema democrático, incluyendo el conjunto del territorio  español".

¿Quién defiende la democracia, si la ciudadanía no parece hacerlo? Como el mismo dice "emerge la duda acerca de la calidad de la ciudadanía, tanto en Cataluña como en el resto de España".



Gomáriz utiliza una distinción para medir esa calidad de la ciudadanía al  establecer tres  tipos (tipología) de ciudadanía. La ciudadanía formal aquellos que "no se asumen como sujetos de derechos, que no siguen ni les interesa la política". La ciudadanía activa "aquella que participa regularmente en la cosa pública, con frecuencia como minorías activas". En tercer lugar, aparece la ciudadanía sustantiva -parece que al articulista es la clase de ciudadanía ideal-, aquella "que se siente sujeto de derechos, entiende y respeta las reglas del juego democrático, pero no participa activamente en política, a menos que exista una situación grave que lo exija".

Con relación a la primera, el articulista se queja que una parte importante de la sociedad española actúa como ciudadanía formal.

Establece antecedentes para explicar esta cuestión -la baja calidad democrática de la ciudadanía-, en la órbita del problema de Cataluña: lo que él llama "la concesión al soberanismo en torno a la reforma del Estatuto de autonomía de 2006 y la crisis social que provocó la profunda depresión económica iniciada en 2008 y que puso en cuestión parcialmente el contrato social consignado en la transición treinta años antes".



El autor olvida que la reforma fue ampliamente consensuada por las fuerzas políticas del Congreso, ratificado por un referéndum, del pueblo de Cataluña. Al PP le sirvo su ataque para desacreditar al PSOE y de paso ampliar su imagen de guardián de las esencias patrias.  La crisis que tenía causa externa, el PP de manera frívola e irresponsable, la califico de crisis de "Zapatero". Esta crisis económica sin precedentes hizo aflorar un movimiento de protesta como el 11-M y Podemos, mientras que las formaciones clásicas, seguían ancladas en mantener el statu quo . Quienes impugnaban el modelo se les califico de "populistas".

divendres, 23 de març del 2018

LLibertat al presos polítics


El Llanero(a) solitario golpea de nuevo

Hoy había la comparecencia ante el TS de “Declarar procesados por presuntos delitos de rebelión, del artículo 472 y concordantes del Código Penal, a Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Antonio Comín i Oliveres, Josep Rull i Andreu, Dolors Bassa i Coll, Clara Ponsatí i 

CAUSA ESPECIAL/20907/2017 2 Obiols, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Sánchez Picanyol, Jordi Cuixart Navarro, Carme Forcadell i Lluís y Marta Rovira i Vergés. Declarar procesados por presuntos delitos de desobediencia, del artículo 410 del Código Penal, a Lluís María Corominas i Díaz, Lluís Guinó y Subirós, Anna Isabel Simó i Castelló, Ramona Barrufet i Santacana, Joan Josep Nuet i Pujals, Meritxell Borràs i Solé, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Santiago Vila i Vicente, Meritxell Serret i Aleu, Mireia Aran Boya Busquet y Anna Gabriel Sabaté. Declarar procesados por el delito de malversación de caudales públicos, en los términos que se han expresado en los anteriores fundamentos jurídicos, a Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Meritxell Borràs i Solé, Clara Ponsatí i Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Joaquim Forn i Chiariello, Josep Rull i Andreu, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó i Blanch, Dolors Bassa i Coll, Santiago Vila i Vicente y Meritxell Serret i Aleu."

¿Causa general contra el independentismo? Según el Magistrado, que ha enviado a prisión a Jordi Turull i Negre, Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu, Dolors Bassa i Coll y Carme Forcadell, en su Interlocutoria, nos describe sus temores subjetivísimos de que estos encausados, no han abjurado de sus ideas (independentistas).

                               

No hay más. El Magistrado se permite hacer psicología: “puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente (…).”

El Magistrado se permite criticar lo que una entidad privada como la ANC, tiene el legitimo derecho de aspirar por medios democráticos, la independencia, es en palabras del Magistrado: “habida cuenta Carme Forcadell inició la ejecución de estos hechos como presidenta de la entidad soberanista ANC, y continuó como presidenta del Parlamento de Cataluña después. La medida cautelar garantiza así el acertado retorno del autogobierno”. El Magistrado Llarena, se extralimita en sus funciones. Las funciones de la Presidencia del Parlament, no tienen nada que ver, con una entidad privada. A ojos de Llarena, Carme Forcadell, es una “sospecha habitual”.

Llarena sigue inevitablemente su senda, una narración que sea ajusta como un guante a los intereses del gobierno de Rajoy. Son independentistas, y su delito es cumplir con el mandamiento de 47% de la población. Llanera le gustaría interrogar a los dos millones de ciudadanos que dieron su confianza a los hoy encarcelados, ante esa imposibilidad, es más fácil llevar a prisión a los representantes de la ciudadanía que opto el 21-D por una mayoría independentista.