“El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que la malformación del feto no debe ser causa para terminar con un embarazo” (El País, 22-7-2012) ha declarado en una entrevista a La Razón. Sus propios prejuicios tienden al ministro de Justicia exponerlo a la crítica. El PP y desde FAES como centro ideológico de reconstrucción de una “nueva idea de España” trata de desvirtuar leyes como el aborto. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece en su art.15 b) lo siguiente:
“Artículo 15. Interrupción por causas médicas.
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.”
El Sr. Ruiz-Gallardón debe parecerle que con la Ley de Dependencia como está siendo desarrollada por el gobierno permitirá a los padres elegir que su hijo/a pueda tener una existencia digna. El problema es que las obsesiones doctrinales del ministro no pueden afectar a las decisiones de los padres. La nueva ley –LO 2/2010-, es ante todo una ley de plazos. Ahora el PP con su mayoría absoluta podrá hacer visible su particular rodillo. Como en el plano económico la capacidad del gobierno es nulo, podrá exhibirse en el plano ideológico. ¿Por qué quiere que los fetos tengan graves anomalías? Nadie pone obstáculos para que aquellas familias que quieran llevar el embarazo a puerto –incluido las anomalías en el feto- puedan hacerlo, pero ¿por qué imponerlo a aquellos que no quieren? A nuestro ministro de justicia al parecer sólo le atrae la justicia divina, pero si fuese así, lo que debería hacer es dimitir.
